Redignificar el sistema penitenciario con perspectiva de derechos humanos

Grandes “monstruos” azotan los sistemas penitenciaros de América Latina: la corrupción en los funcionarios o custodios de los penales, la brutalidad con la que se trata a los reos vulnerando los derechos humanos y la indiferencia a las precarias condiciones en que sobreviven en cárceles que son auténticas “cajas de sardina”.
 
Para revertir lo anterior, se debe emprender un cambio de cultura organizacional, modernización de infraestructura y, sobre todo, disciplinar y dignificar la labor de quienes trabajan en las penitenciarias, señaló el mayor general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, quien como Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia durante el actual gobierno de  Juan Manuel Santos, fue el gran transformador del sistema penitenciario en aquella nación sudamericana.
 
Ricaurte Tapia, quien también fue General de la Policía Nacional de Colombia, participó en el Segundo Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana que organiza el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, el Congreso del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), y que se desarrolla en las instalaciones del CUCEA.
 
Habló del concepto de resocialización, para garantizar que los internos puedan volver a reinsertarse en la sociedad: “No podemos tener cárceles sólo para almacenar. Yo le transmití a mi personal siempre que si amamos y queremos el trabajo podemos ayudar a la resocialización de los internos en una vida mejor para ellos y su familia”.
 
Ricaurte dijo que recibió un sistema con muchas deficiencias, el cual ningún otro funcionario se atrevía a encabezar, pues ni siquiera había un padrón cierto de cuántos presos se tenían y había sobrepoblación en varias cárceles. Explicó que el reto era contar con un trato digno, respetando los derechos humanos de los reos y al mismo tiempo evitar la corrupción y erradicar los autogobiernos.
 
El Instituto a su cargo emprendió una reestructuración administrativa, eliminando duplicidad de funciones y nombrando directores únicos en las cárceles. Posteriormente emprendió un programa de reubicaciones, ya que al acercarse a escuchar las necesidades de los reos se descubrió que había 36 mil interesados en ser cambiados de penal.
 
Además, en las cárceles se crearon espacios verdes y recreativos, y también más de 500 actividades productivas para que los presos trabajaran dentro de estos espacios, y se ofrecieron 135 carreras universitarias y mil becas para que los presos pudieran estudiar.
 
El especialista se pronunció por profesionalizar la labor de los custodios y funcionarios penitenciarios, ya que el tener una educación universitaria garantiza que estos servidores traten a los reos con perspectivas de derechos humanos y con una formación ética sólida para evitar corromperse y de esta forma no solapar autogobiernos ni fugas.

Texto: Julio Ríos

Fotografía: Adriana González