Debaten en CUCEA sobre el presupuesto educativo en México

El presupuesto destinado para la educación superior en México está por debajo del que propone la ley, ya que es un poco superior al 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esto tiene impacto en una cobertura que está lejos de alcanzar las metas oficiales.
 
En la charla “Un presupuesto educativo: una visión crítica”, organizada por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG y transmitido vía Facebook, el secretario de la Secretaría General de esta Casa de Estudio, maestro Paulo Alberto Carrillo Torres, lamentó que no exista ningún mecanismo para sancionar a las autoridades por no cumplir la disposición de destinar 8 por ciento del PIB a la educación.
 
El funcionario universitario recordó que el artículo tercero constitucional señala que toda persona tiene derecho a la educación, incluyendo la superior, y es obligación del Estado propiciar que la educación sea universal, pública y gratuita.
 
La Ley General de Educación menciona que el monto anual que el Estado destine al financiamiento en educación pública no podrá ser menor al equivalente de 8 por ciento del PIB.
 
Carrillo Torres destacó que el presupuesto insuficiente en educación se ve reflejado en la cobertura. En el caso de la educación media superior se tenía una meta planteada de 85 por ciento, y ésta no se alcanzó, ya que se ubicó en 83.20 para 2020. Y agregó que la cobertura, en lugar de aumentar, disminuye.
 
Especificó que la cobertura en 2018 para media superior era de 84.2 por ciento, y la meta para 2021 era de 86 por ciento, y sólo se alcanzó 80.2, de acuerdo con cifras elaboradas con base de datos del Programa Sectorial de Educación 2020-2024 y del Sistema Educativo Nacional 2020-2021.
 
En el caso de la educación superior, a pesar de que ha crecido la cobertura, no se han alcanzado tampoco las metas pretendidas. Dijo que en educación superior la meta pretendida para 2020 era de 42.7 por ciento; sin embargo, el crecimiento fue de 41.6 por ciento. Para 2021, el objetivo era de 44.3 por ciento, y se estancó en 42 por ciento.
 
Carrillo Torres resaltó la necesidad de una política de Estado a largo plazo en materia educativa, y habló de la importancia de un crecimiento presupuestal, con metas consensuadas por la mayoría de las entidades y de los actores políticos, independientemente de la mayoría que esté en el poder, para alcanzar los objetivos planteados.
 
El investigador del Tecnológico de Monterrey, doctor Marco Antonio Fernández Martínez, explicó que se están privilegiando las becas, pero en aspectos como el facilitar clases a distancia; no hay partidas específicas para sostener estas clases por medios tecnológicos.
 
En cuestión de aprendizaje no hay recursos para hacer evaluaciones que guíen los esfuerzos de los docentes, a fin de recuperar los aprendizajes afectados en los alumnos.
 
Dijo que sólo se invierte 7 por ciento de los recursos que se erogaban en 2018 para la capacitación docente. En lo que va del sexenio, hay un recorte acumulado en este rubro de 89 por ciento.
 
Enunció que hay más alumnos con becas, pero no necesariamente son quienes más lo necesitan. Añadió que el abandono de los estudios no se resuelve repartiendo dinero, ya que si no son atendidas las deficiencias educativas y el aspecto emocional al dejar los estudios, no se va a atender como se debe el problema de la deserción.
 
El licenciado David Eduardo Calderón Martín del Campo, Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero –una comunidad de práctica y aprendizaje integrada por activistas unidos en favor de promover y defender el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en México–, dijo que el presupuesto educativo roba a las escuelas y es un fracaso para niñas y niños.
 
“Digo que es un robo porque han desaparecido nueve programas presupuestarios en el periodo 2019-2021 que estaban directamente orientados a apoyar a las escuelas. No se trataba de dinero que iba a los Estados, y que de una bolsa en la que todos los gatos son pardos se pierde; se trataba de programas focalizados en escuelas específicas”, informó.
 
Mencionó que entre los programas que desaparecieron se encuentran: Inclusión digital; Reforma educativa; Inclusión y equidad educativa; Desarrollo de aprendizajes significativos de educación básica; Atención a la diversidad de la educación indígena, y Atención educativa de la población escolar migrante.
 
Las medidas afectan a alrededor de cuatro millones y medio de alumnos que se quedaron sin los recursos que les eran destinados. La afectación es profunda en las zonas indígenas rurales y de alta marginación.
 
Calderón Martín del Campo mencionó que los funcionarios no fundamentaron por qué desaparecieron estos programas, y agregó que es la primera vez que México no destina un solo centavo para la atención educativa de la población migrante en 40 años.
 
El licenciado Carlos Mancera Corcuera, consultor de Valora Consultoría –firma especializada en el campo de la educación y la cultura–, externó de que hay una lógica que por obra y gracia de las transferencias a los estudiantes y sus familias los problemas de la educación se van a resolver.
 
Aclaró que sí hay personas que requieren apoyo; lo que no tiene sentido es dejar de gastar el dinero que se requiere para operar los servicios educativos, para apoyar a los maestros y para material que necesitan las escuelas, como equipamiento, por ejemplo. “No es un sustituto el de dar becas o hacer transferencias de manera indiscriminada. No hay manera en que el servicio educativo se sostenga si no cuenta con lo necesario para operar”, dijo.
 
La charla entre expertos fue moderada por el Director del Instituto de Investigación Educativa del CUCEA, doctor Gilberto Guevara Niebla.
 
 
 
 
Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jalisco, 21 de enero de 2021
 
Texto: Martha Eva Loera
Fotografía: Laura Herrera