Atención a la salud en Estados Unidos y reparto de aguas transfronterizo

Foro Permanente sobre la Crisis y la Relación México-Estados Unidos

En la sesión del martes 2 de mayo del Foro Permanente sobre la Crisis y la Relación México-Estados Unidos, que organiza la División de Economía y Sociedad del CUCEA, la Dra. Julieta Guzmán Flores abordó el tema “Trumpcare vs. Obamacare: ciudadanos, empleadores y aseguradoras”, y la Mtra. Alma Alicia Aguirre Jiménez y el Mtro. Francisco Morán Martínez expusieron “Las aguas transfronterizas entre México y Estados Unidos: acuerdos y problemáticas”.
 

La Dra. Guzmán explicó en qué consiste el programa conocido popularmente como Obamacare, que en realidad se llama Patient Protection and Affordable Care Act (Ley deProtección al Paciente y Salud Asequible) y sus siglas en inglés son PPACA. Su derogación es una de las principales promesas de campaña del ahora presidente Donald Trump, perodebe ser aprobada por el Congreso estadounidense. Describió las estructuras de sistemas de salud más conocidas en occidente —Bismark (Alemania, Francia, México), Beveridge(España, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Canadá, Australia, etc.) y el enfoque de mercado de Estados Unidos, donde los servicios de salud de la mayoría de los estadounidenses son pagados por compañía aseguradoras.
 

La Unión Americana es el país con mayor financiamiento de gastos de salud por medio de seguros (35 % de 2009 a 2013, frente al 3.9-4.2 % en México). Sin embargo, 47 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, 15.5 millones de ellos hispanos. Esto es importante porque de los 52.2 millones de hispanos 36 % son inmigrantes. Entre otras ventajas, el Obamacare aumenta la accesibilidad y disponibilidad de seguros privados; amplía y mejora las opciones del Medicare y el Medicaid; proporciona créditos y subsidios fiscales a personas que lo necesiten; extiende hasta 26 años la cobertura a dependientes, y disminuye el costo de medicamentos gradualmente. Otros beneficios del Obamacare son que desde 2010, cuando fue instrumentado, aumentó en 229 millones el número de personas que no tenían seguro de gastos médicos y ahora ya cuentan con estos servicios; la cifra disminuyó de 52 millones a 23 millones de no asegurados. Abundó sobre el tema de los servicios de gastos médicos que pagan las aseguradoras (como el Plan de Seguro para Condiciones Preexistentes, PCIP por sus siglas en inglés); los obstáculos que enfrenta el Obamacare, como los riesgos de cobertura continua en el pago de servicios de salud, y la cobertura inadecuada a grupos de alto riesgo.

 

Entre los perjuicios que causaría la derogación del Obamacare, la Dra. Guzmán puso énfasis en los que sufriría la población latina: probabilidad de que el Medicaid sufra recortes presupuestales; 30 millones continuarían sin seguro; se eliminarían las multas a grandes empresas que no participen; se eliminarían los créditos fiscales a las pequeñas empresas que sí participan, y las familias de bajos ingresos sufrirían pérdidas económicas. A la pregunta de si es correcto el modelo de mercado predominante en Estados Unidos y si afecta a la población migrante y no migrante, contestó que lo justifican factores sociales como el hecho de que no se considera la salud como un derecho humano; económicos, como que la salud no es considerada un producto privado sino una mercancía y que se desea mantener la hegemonía del mercado en los servicios, y políticos, como la falta de organizaciones para una eficiente participación ciudadana y un déficit democrático que impide gestionar una estructura de atención a la salud que sea diferente.

 

En resumen, dijo la ponente que son cuatro las principales actitudes de los estadounidenses: rechazo a los derechos laborales elementales, concesiones extraordinarias al poder privado, que la clase empresarial establece medidas de contención al poder político de las masas y que la meritocracia es lo que predomina en la atención a la salud. En el tema de las cuencas transfronterizas México-Estados Unidos, la Mtra. Aguirre y el Mtro. Morán presentaron los datos de que la frontera común es de 3,182 kilómetros (km), de los cuales 2,059 km corresponden al río Bravo, 39 km al río Colorado y 1,085 km son de frontera terrestre. En la franja fronteriza viven alrededor de 12 millones de personas de seis estados mexicanos y cuatro estadounidenses. Agregaron que las cuencas 3 compartidas por ambos países son las de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo, y la repartición de sus aguas está a cargo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), en la que participan la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
 

Como antecedente, se dijo que desde 1848—cuando México perdió más de la mitad de su territorio— inició la búsqueda de acuerdos y se nombraron comisiones encargadas, entre otras cosas, de establecer la nueva frontera y repartir el agua en dichas cuencas. Expusieron cómo es la conformación del CILA tanto por parte de Estados Unidos como de México, su misión y sus objetivos. Respecto al agua, en 1944 se acordó que México tiene derecho a recibir el 10 % (1,850.23 millones de m 3) de las aguas del río Colorado, y si hay excedentes, 246 millones adicionales de m 3. El tratado considera ciclos quinquenales, lo cual significa que si en un año hay faltantes de agua en las entregas entre ambos países, los pendientes pueden cubrirse en años posteriores. Tiene debilidades como que, al aceptar establecer cantidades en lugar de porcentajes, México está obligado a entregar volúmenes fijos llueva o no lo suficiente para hacerlo, es decir, no se consideran las variables hidrometeorológicas, geológicas y ambientales.
 

Explicaron la llamada “deuda de agua” —el acumulado de cuotas no cumplidas debido a temporales de lluvias escasas— y las asimetrías existentes en el tratado de 1944. México debe dejar escurrir un mínimo de 431,721 millones de m 3 solo del río Bravo a Estados Unidos de los afluentes mexicanos, y tiene derecho a recibir 1,850.23 millones de m 3 del río Colorado del lado estadounidense; en ambos casos los m 3 faltantes deben entregarse en un plazo de cinco años. Por ejemplo, en 1995 México tuvo una sequía y Estados Unidos le “prestó” 100 millones de m 3 de agua, en 1997 adeudada 1,200 millones de m 3 y en 2003 el acumulado era de 1,537.4 millones de m 3 . Gracias a un temporal extraordinario, en 2004 los escurrimientos dentro del país permitieron disminuir la deuda a 1,253.8 millones de m 3 , y México terminó de saldarla en enero de 2016.
 

De acuerdo con la CILA, se considera la unidad de la cuenca, y que existe un derecho igual y correlativo para cada país, es decir, la distribución equitativa de los caudales de los ríos. Pero no se toma en cuenta el uso de los escurrimientos en la generación de energía 4 eléctrica, servicios de navegación, pesca, recreación, etc. En casos de sequía extrema se reducen las entregas a México en igual proporción que a los usuarios estadounidenses; Estados Unidos no reconoce otra obligación que entregar el agua sin costo para México, mientras que el país renuncia a cualquier reclamo futuro.

Por División de Economía y Sociedad